Carlos Alvarado y su gabinete habían ocultado la puesta en marcha de la UPAD hasta el viernes pasado, día que se vieron obligados a derogar el decreto tras la presión del Congreso y la ciudadanía. Foto: Europa Press
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, es objeto de dos denuncias por prevaricación y violación de datos personales por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), un organismo creado en octubre para espiar a los costarricenses y mejorar así el proceso de toma de decisiones del Gobierno.
Alvarado y su gabinete ocultaron la puesta en marcha de la UPAD hasta este viernes, día que se vieron obligados a derogar el decreto tras la presión del Congreso y la ciudadanía, tras lo cual han sido denunciados por "delito de violación de datos personales, artículo 196 bis del Código Penal", informa la prensa de Costa Rica.
En concreto, este delito pasaría por la autorización del presidente y dos de sus ministros para que la UPAD "en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apoderaran, accedieran, copiaran, difundieran, recopilaran y dieran un tratamiento no autorizado a los datos de una persona física o jurídica".
En cuanto al delito de prevaricación, Alvarado y sus ministros "al dictar el decreto contrariando la ley (normas arriba mencionadas) incurrieron en el delito de prevaricato, artículo 150 del Código Penal".
"Obligar a todas las instituciones públicas que permitan el acceso irrestricto de los datos personales sensibles y de acceso restringido es absolutamente ilegal y claramente delictivo para quienes los requieran y para quienes los entreguen", según la denuncia presentada por el abogado penalista y excandidato presidencial Juan Diego Castro Fernández.
La segunda denuncia sería de la abogada penalista Gloria Navas, quien acusa a Alvarado de violentar la Constitución Política y por ello solicita a la fiscal general, Emilia Navas, un allanamiento en Casa Presidencial. Además ha pedido que se levante la inmunidad a Alvarado, a su ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y al ministro de Planificación, Danie Soto.
Navas deberá analizar el contenido de las denuncias y las pruebas presentadas para proceder con una investigación de naturaleza penal que podría involucrar al presidente.